Si a la economía le va bien, subirán las jubilaciones más que la inflación, pero no disminuirá el déficit previsional, plantean tres economistas sobre la fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno nacional

Tras la suspensión de la movilidad previsional de la Ley 27.426 que rigió entre marzo 2018 y diciembre 2019, y un 2020 signado por ajustes de jubilaciones y asignaciones a través de DNU del Poder Ejecutivo, el oficialismo presentó en los últimos días al Congreso Nacional una fórmula de movilidad previsional que tiene las siguientes características:

• Incrementos semestrales (en marzo y en septiembre).

• Índice de Movilidad formado en un 50% por la variación de salarios (RIPTE) y en un 50% por la variación de la recaudación tributaria de ANSES (por beneficiario).

• En marzo de 2021 se aplicarían variaciones de salarios formales del período julio-diciembre 2020, y variaciones de recaudación tributaria del periodo juliodiciembre 2020 vs julio-diciembre 2019, semestralizado.

• El aumento resultante por la fórmula tendría un límite en septiembre de cada año dado por la variación de la recaudación total del sistema previsional, por beneficiario, a lo largo de 12 meses. Lo cual incluye aportes y contribuciones e ingresos tributarios con destino a Anses.

Según los economistas del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) Marcelo Capello, Laura Caullo, Agustín Cugno, la fórmula propuesta resulta compleja en su determinación (especialmente en el componente de la recaudación), lo que dificulta su seguimiento y control, como ya ocurrió con la fórmula vigente entre 2009 y 2017.

"Las fórmulas de movilidad deberían ser muy simples y fáciles de controlar y replicar sus resultados. La fórmula adoptada no incluye la inflación en su determinación. En otros países, normalmente la movilidad apunta a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones (inflación), o a mantener una relación con los salarios que la originaron", puntualizan.

Sobre 23 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisados, 15 usan la inflación como factor de movilidad, tres utilizan salarios y cinco adoptan una combinación de inflación y salarios. Tres países usan condiciones de sustentabilidad.

En cuanto al tiempo de actualización, según los expertos, la fórmula propuesta permite achicar el rezago mientras que a la vez se reduce la indexación de la economía. No obstante, el hecho que se apliquen ajustes semestrales implica que, ante inflación alta, y especialmente inflación creciente, los haberes jubilatorios tenderán a deteriorarse entre medio de los ajustes.

"Con la fórmula elegida, los haberes jubilatorios tenderán a resultar procíclicos, es decir, a mejorar en términos reales (frente a la inflación) en los períodos de expansión económica, pero a caer en términos reales en los períodos recesivos. Esto es así porque normalmente en el ciclo económico argentino los períodos de auge están asociados a subas de salarios, empleos y cumplimiento tributario, de modo que la recaudación sube más que los salarios, y éstos más que la inflación", acotan. Por ende -subrayan-, en las expansiones la suba de haberes se ubicará entre la suba de la recaudación y los salarios, por arriba de la inflación.

En cambio, en las recesiones (en Argentina típicamente se producen por devaluaciones de la moneda), se generan períodos en los que la inflación supera a la suba de salarios, y éstos aumentan más que la recaudación. Así, con la nueva movilidad los haberes jubilatorios perderían frente a la inflación en estos casos. No hay que perder de vista que, al menos en las últimas décadas, la economía argentina ha sufridos muchos, a veces largos, períodos de recesión, de modo que la fórmula previsional debería “funcionar bien” en estos contextos. No es el caso de la fórmula propuesta esta semana en el Congreso. Por otra parte, a diferencia de la fórmula vigente entre 2009 y 2017, donde el 50% de la movilidad dependía de cual resultara mayor entre la evolución salarial de trabajadores registrados (RIPTE) o el índice de salarios que incorpora a trabajadores informales a través de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la nueva fórmula se construye sólo sobre la base de registros formales.

Dado que Argentina cuenta desde el inicio con un déficit previsional importante a nivel nacional, equivalente a 3,1% del PBI en 2019 (cuando sólo se consideran los ingresos 12 genuinos del sistema), y que dicho déficit tenderá a agravarse en el tiempo por motivos demográficos, la nueva fórmula de movilidad sería preferible que apunte a conservar el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios en el tiempo (ajustando por IPC), lo cual haría más previsibles los ingresos de los beneficiarios del sistema tanto en expansiones como en recesiones económicas. De esta manera, remarcan los especialistas,  tendría la ventaja que en los períodos de expansión, que se supone deberían ser mayoritarios en un país “normal”, el desequilibrio del sistema previsional tendería a bajar, dado que el ritmo de la recaudación superaría al de la inflación.

La fórmula propuesta pareciera apuntar más a un país que no tiene déficit previsional y que no tiene demasiada volatilidad macroeconómica, dos supuestos que no encajan precisamente con las características de la economía argentina de las últimas décadas. Al riesgo generado por el ciclo económico, debiera asumirlo el actor menos débil, que en este caso es el Estado, y no los jubilados, indica el Ieral de la Fundación Mediterránea.

La nueva fórmula no podrá evitar, como ocurrió en 2018-2019, que en un período recesivo e inflacionario, los haberes jubilatorios bajen en términos reales. Y un sistema previsional debe dar previsibilidad a sus beneficiarios. La fórmula elegida, en períodos recesivos e inflacionarios, le pasa el riesgo a los más débiles (los jubilados), y en períodos de expansión generaría subas de haberes por arriba de la inflación, pero sin brindar la posibilidad de mejorar las cuentas financieras de la seguridad social, que como se dijo antes, necesitan mejorar, de lo contrario se debe usar cada vez más recaudación de impuestos para financiar la seguridad social, desatendiendo otras funciones estatales, e incrementando el déficit fiscal. "Un país que, inicialmente, cuenta con un significativo déficit previsional (medido con sus ingresos genuinos, sin incluir impuestos), y que se ha caracterizado por una alta volatilidad económica, debiera garantizar a sus jubilados que la movilidad mantendrá el poder adquisitivo de sus haberes (ajustando por inflación), y que en caso que la economía del país entre de una vez en un proceso de crecimiento sostenido, mejore el resultado financiero del sistema previsional, o no empeore ante el progresivo envejecimiento de la población", explican. Y si la economía sigue con repetidas subas y bajas, que sea el Estado el que se haga cargo de consecuencias financieras sobre el sistema previsional, y no los jubilados. Después de todo, el que genera el ciclo económico y la volatilidad, en gran medida, es el mismo Estado.

En cambio, la fórmula que se postula para la movilidad previsional desde 2021, funcionará a la inversa de lo antes planteado: si a la economía le va bien, subirán las jubilaciones más que la inflación, pero no disminuirá el déficit previsional, finalizan.